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El homicidio en República Dominicana se encuentra regulado en los artículos 295 y siguientes del Código Penal.
De acuerdo a la Ley, las víctimas indirectas, o sea los familiares del fallecido, en un proceso penal por homicidio tienen garantizados sus derechos a intervenir en todas las etapas del procedimiento penal, las víctimas indirectas deben poder ser asistidas por un representante legal además de la fiscalía, recibir información continua sobre el avance y resultados del caso, y, además, constituirse en actor civil, si gusta, para reclamar la reparación de los daños morales y materiales.
La víctima puede intervenir activamente desde la fase de investigación preliminar hasta la sentencia, presentando pruebas, apelando decisiones y solicitando medidas de protección.
Tiene además derecho a ser informada, por el Ministerio Público o el tribunal, sobre las actuaciones, los avances de la investigación y el fallo final, de conformidad con el Código Procesal Penal.
La víctima puede ser asistida por un representante técnico de su elección.
Además, en caso de ser necesario, porque su vida esté en peligro, o sienta inseguridad, dispone de medidas cautelares para garantizar su seguridad y la de sus testigos, como órdenes de alejamiento.
Además de la acción penal, el proceso permite una acción civil dentro del mismo expediente para reclamar la reparación del daño y perjuicio, por lo que la víctima puede actuar a través de un abogado y perseguir la acción civil resarcitoria.
El «actor civil« es una persona que ha sido afectada por el delito y decide participar en el proceso penal para reclamar una indemnización por los daños sufridos. En casos de homicidio en República Dominicana, esto suele incluir a los padres, hijos, pareja o hermanos de la víctima fallecida.
La reparación puede comprender:
Una vez sea ejecutoria la sentencia, la víctima puede solicitar al tribunal medidas de ejecución forzosa, como los embargos, para poder garantizar el cumplimiento efectivo de la reparación a recibir.
En el inicio del proceso penal, la parte agraviada presenta ante la fiscalía competente su denuncia o querella, con lo cual se pone en marcha la acción penal, con esto, el Ministerio Público lleva a cabo una investigación preliminar en la que recaba toda la información necesaria, con peritajes, informes y otros elementos probatorios, para así poder determinar si existen méritos suficientes para continuar con el proceso penal.
Luego de demostrado el fundamento de la acusación, se convoca a la audiencia de medidas de coerción, donde el juez decide si procede imponer prisión preventiva u otras garantías.
Luego de esta etapa, el proceso entra en la etapa de juicio, donde se examinan todas las pruebas presentadas por las partes.
Finalmente, luego de dictarse la sentencia, las partes pueden recurrir la decisión ante la Corte de Apelación, en caso de que no estén de acuerdo con la decisión.
En nuestra firma de abogados Morillo Suriel Abogados – Attorneys at Law, tenemos una división especializada en Derecho Penal por la cual podemos asistirle con cualquier duda o consulta que requiera relativo a caso de homicidio en República Dominicana.
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